Reforma Agraria

Reforma Agraria

El año pasado se cumplió medio siglo de la promulgación del

Decreto Ley N°17716 por parte del Septenio, Gobierno de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado. Cuando se inició la reforma agraria en el Perú, un proceso que marcó, como pocos, la historia del país.

La confiscación y redistribución de tierras se dio en parte como respuesta a un sistema político, económico y social que, en zonas del territorio, colocaba al campesino como un ciudadano de segunda categoría. Desconocer la situación de marginalidad y servidumbre para decenas de miles de peruanos en el campo –y que fue caldo de cultivo para la expropiación velasquista– es una afrenta a quienes la vivieron. El general Velasco un tipo con un gran corazón sin cuadros y poco cerebro para un manejo empresarial se mandó con fuerza. Como era de esperarse no recibió ningún apoyo de la aún existente oligarquía, excluía la idea de abrir los ojos a la gente de a pie. No logró los objetivos que se propuso y SINAMOS el dragón de dos cabezas que creó, destruyó la economía rural con consecuencias que arrastramos. El Estado se comprometió a compensar a los propietarios con ‘bonos agrarios’ que, hasta hoy, no se han terminado de pagar. Mientras que entre 1961 y 1970 el sector agrícola creció a un ritmo de 3,4% por año, para el último quinquenio de los 70 la producción del campo caía a una tasa de 0,5% anual en promedio.

Consideramos que gran parte del descalabro estuvo en la falta de preparación y motivación del pueblo. Nuestro nivel no estuvo de acuerdo al momento y es la ocasión para cambiar el curso de la historia mejorando la preparación escolar. Cincuenta años después, el acceso a servicios básicos como agua, educación o salud es pobre, y las oportunidades de mejora económica a partir de la producción agrícola organizada en pequeñas parcelas –descapitalizadas y sin tecnología o conexión con mercados modernos– son exiguas.

Una prueba de ello es que la productividad anual del trabajador agrícola peruano promedio hoy es de alrededor de S/7.000, la mitad del colombiano, un tercio del brasileño y casi la treintava parte del canadiense. Una cifra que no resulta sorpresiva si tomamos en cuenta que, según datos del INEI (2012), la superficie de la parcela promedio en el Perú es de apenas 1,4 hectáreas. ​

Entre los productores de soya a nivel mundial Bolivia está en noveno y Uruguay en décimo lugar ¿Como hizo el primero para estar en el listado? Hay que recordar que es la tercera parte de nuestro país al igual que Uruguay. Gobiernos anteriores apoyaron la llegada de inmigrantes proporcionando terreno y sugiriendo que sembrar además aporte técnico y maquinaria. Cuando cosechaban hacían números devolvían la inversión más otros gastos y los agricultores obtenían ganancia. Trabajando de esta manera como a la niña de los ojos se evitaría que coqueteen con el narcotráfico. Asumiendo aquello como ejemplo la reforma agraria debería permitir rentar terrenos siempre y cuando sean dedicados a la siembra de productos de primera necesidad u ornamentales que acá no se producen. La nueva reforma agraria con bastante asesoramiento y presencia del Estado se hace una necesidad para combatir el narcotráfico. Holanda es el país europeo donde la hectárea de terreno cultivable es la más cara. Aparte manejo de tierras y supervisión en lo que deberían capacitar a la gente y así dar trabajo a los lugareños que buena falta nos hace.